De conformidad con lo previsto en el capítulo segundo del Reglamento Orgánico del Pleno, se tramita la comparecencia ante el Pleno de la concejala Nuria Bravo, a petición del Grupo Municipal Socialista. Socialista, con el siguiente tenor literal, concretamente de la portavoz del grupo, doña Carmen Eva Pérez Ordíñez: ¿En qué fecha se pusieron en funcionamiento las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona rural? ¿Por qué razón no se solicitó la preceptiva autorización a la Delegación de Gobierno hasta el 16 de junio del 2025? ¿Qué consecuencias puede tener el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia sin autorización previa?
14 Las cámaras de vigilancia de la zona rural: cuándo se encendieron y cuándo se pidió el permiso
Sin votación
Seguridad Vivienda Educación Salud Hacienda EmpleoResumen
La concejala de Seguridad comparece a petición del PSOE por las cámaras de la zona rural; no hubo votación
El Grupo Socialista pidió la comparecencia de la concejala de Seguridad Ciudadana para preguntar desde cuándo funcionaban las cámaras de videovigilancia de la zona rural y por qué la autorización a la Delegación del Gobierno no se solicitó hasta el 16 de junio de 2025. El PSOE afirmó que se incumplió la ley y que el Ayuntamiento se expone a sanciones; la concejala respondió que el permiso es para la instalación, que las cámaras estuvieron en modo de prueba y que no hubo ilegalidad. La comparecencia no incluyó votación.
Datos mencionados
-
16 de junio de 2025
fecha de solicitud de autorización
cifra mencionada por la secretaria y la concejala de Seguridad
Fuente
Secretaría 2:48:00 Nuria Bravo Bretones Foro 3:00:00 En este punto me gustaría destacar una cuestión muy relevante, que durante todo ese periodo las cámaras funcionaban en modo de prueba, pero funcionaban. No se descargaban imágenes ni se manipulaban grabaciones, pero sí se podían utilizar en casos de delito grave, cuando el interés colectivo prevalece, y advirtiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que estaba en modo prueba. Y aquí viene lo más grave: desde el 15 de junio hasta el 19 de noviembre, la delegación de Gobierno retiene el expediente, no lo remite a la Comisión de Videovigilancia, todo ello pese a que contenía las mismas ubicaciones que el expediente anterior, una mejor protección de datos, y pese a que en Gijón estaba teniendo lugar una oleada de robos en nuestras parroquias. Es decir, el mismo proceso administrativo que en mayo del 23 a las puertas de unas elecciones tardó solo 22 días, con un estudio inicial incluido, en el 25 tarda 157 días, 7 veces más.
-
8
propuestas de contratación anuladas
cifra mencionada por la portavoz del PSOE
Fuente
Marina Pineda González PSOE 2:49:03 Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. En 2022, tras una oleada de robos en viviendas, fundamentalmente en la zona periurbana del este del concejo, el ayuntamiento tomó la decisión de instalar un sistema de videovigilancia. Esto respondió a una petición vecinal, a una petición expresa de los vecinos y vecinas de las zonas rurales, pero además contó con el apoyo y el consenso de todos los grupos políticos. Grupos municipales que entonces componían la corporación. El proceso para instalar un sistema de videovigilancia es complejo, somos muy conscientes de ello. Hay que pasar el filtro de una comisión de valoración, de la Comisión de Videovigilancia de Asturias, compuesta por 5 miembros y que, además, no concede fácilmente su visto bueno a estos sistemas. De hecho, en el caso de Gijón, de esos 5 miembros, 2 de ellos, concretamente los pertenecientes a órganos jurisdiccionales, votan en contra, y lo hacen porque hay que tener en cuenta que un sistema de videovigilancia supone una intromisión en la intimidad de las personas, en la intimidad de los vecinos y vecinas que, lógicamente, sin cometer ningún tipo de irregularidad o hecho delictivo, se ven sometidos a una grabación en su vida diaria. Bien, pese a esto, después de realizar estudios, informes y aportar toda la documentación necesaria, en mayo de 2023 se contó con la autorización de la delegación de Gobierno. Llega el nuevo mandato, este mandato en el que ustedes conforman el Gobierno municipal, y cuando llegaron al Gobierno municipal se encontraron con dos cosas: uno, la autorización para instalar el sistema, y dos, el presupuesto necesario para licitar la instalación de las cámaras de seguridad, una licitación que debía hacerse de inmediato, porque el plazo para tener instaladas y funcionando esas cámaras de seguridad desde la obtención de la autorización es de un año. Para renovarla ya tienen que estar funcionando. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, sinceramente. Durante 2023, nada, en blanco. De hecho, en diciembre de 2023 se hace una retención de crédito para garantizar que ese presupuesto que estaba consignado pueda incorporarse al año siguiente como remanente afectado. Llegó marzo y en marzo de 2024 ustedes solicitan la renovación de la autorización, a pesar de que ni siquiera habían empezado la licitación. La solicitan y, lógicamente, se inadmite por la delegación de Gobierno, que ya les indica lo que tienen que hacer, que es iniciar un nuevo proceso con una nueva solicitud. En abril de 2024 inician el procedimiento de contratación, un procedimiento que no puede más que calificarse de auténtica chapuza. Y que es una auténtica chapuza lo prueba el hecho de que hay 8, nada más y nada menos que 8 propuestas de contratación anuladas por distintos motivos: por informes del servicio jurídico, por fiscalizaciones desfavorables, incluso por un recurso que obligó a retrotraer todas las actuaciones. El 31 de julio de 2024 llegó la novena propuesta, que parece que fue la buena, después de un informe de la Policía Local advirtiendo de la urgencia de licitar este contrato. Y mientras tanto, siguen sin solicitar autorización, la preceptiva autorización a la delegación de Gobierno. En marzo de 2025 empezó la instalación de las cámaras de seguridad y también empezó su particular campaña, a la que ya nos tienen habituados, de propaganda de publicidad española. Y usted, señora Bravo, se fotografiaba con un grupo de vecinos de la zona rural a los que les decía: Gijón ya cuenta con sus primeras cámaras, y alababa la mejora que suponía la instalación de este sistema.
-
2 de 5
miembros de la comisión que votaron en contra
cifra mencionada por la portavoz del PSOE
Fuente
Marina Pineda González PSOE 2:49:03 Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. En 2022, tras una oleada de robos en viviendas, fundamentalmente en la zona periurbana del este del concejo, el ayuntamiento tomó la decisión de instalar un sistema de videovigilancia. Esto respondió a una petición vecinal, a una petición expresa de los vecinos y vecinas de las zonas rurales, pero además contó con el apoyo y el consenso de todos los grupos políticos. Grupos municipales que entonces componían la corporación. El proceso para instalar un sistema de videovigilancia es complejo, somos muy conscientes de ello. Hay que pasar el filtro de una comisión de valoración, de la Comisión de Videovigilancia de Asturias, compuesta por 5 miembros y que, además, no concede fácilmente su visto bueno a estos sistemas. De hecho, en el caso de Gijón, de esos 5 miembros, 2 de ellos, concretamente los pertenecientes a órganos jurisdiccionales, votan en contra, y lo hacen porque hay que tener en cuenta que un sistema de videovigilancia supone una intromisión en la intimidad de las personas, en la intimidad de los vecinos y vecinas que, lógicamente, sin cometer ningún tipo de irregularidad o hecho delictivo, se ven sometidos a una grabación en su vida diaria. Bien, pese a esto, después de realizar estudios, informes y aportar toda la documentación necesaria, en mayo de 2023 se contó con la autorización de la delegación de Gobierno. Llega el nuevo mandato, este mandato en el que ustedes conforman el Gobierno municipal, y cuando llegaron al Gobierno municipal se encontraron con dos cosas: uno, la autorización para instalar el sistema, y dos, el presupuesto necesario para licitar la instalación de las cámaras de seguridad, una licitación que debía hacerse de inmediato, porque el plazo para tener instaladas y funcionando esas cámaras de seguridad desde la obtención de la autorización es de un año. Para renovarla ya tienen que estar funcionando. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, sinceramente. Durante 2023, nada, en blanco. De hecho, en diciembre de 2023 se hace una retención de crédito para garantizar que ese presupuesto que estaba consignado pueda incorporarse al año siguiente como remanente afectado. Llegó marzo y en marzo de 2024 ustedes solicitan la renovación de la autorización, a pesar de que ni siquiera habían empezado la licitación. La solicitan y, lógicamente, se inadmite por la delegación de Gobierno, que ya les indica lo que tienen que hacer, que es iniciar un nuevo proceso con una nueva solicitud. En abril de 2024 inician el procedimiento de contratación, un procedimiento que no puede más que calificarse de auténtica chapuza. Y que es una auténtica chapuza lo prueba el hecho de que hay 8, nada más y nada menos que 8 propuestas de contratación anuladas por distintos motivos: por informes del servicio jurídico, por fiscalizaciones desfavorables, incluso por un recurso que obligó a retrotraer todas las actuaciones. El 31 de julio de 2024 llegó la novena propuesta, que parece que fue la buena, después de un informe de la Policía Local advirtiendo de la urgencia de licitar este contrato. Y mientras tanto, siguen sin solicitar autorización, la preceptiva autorización a la delegación de Gobierno. En marzo de 2025 empezó la instalación de las cámaras de seguridad y también empezó su particular campaña, a la que ya nos tienen habituados, de propaganda de publicidad española. Y usted, señora Bravo, se fotografiaba con un grupo de vecinos de la zona rural a los que les decía: Gijón ya cuenta con sus primeras cámaras, y alababa la mejora que suponía la instalación de este sistema.
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600.000 euros
sanción citada en otros casos
cifra mencionada por la portavoz del PSOE
Fuente
Marina Pineda González PSOE 2:53:05 Pero no se seguía sin solicitarse la autorización. ¿Qué pasó con esa autorización? Pues que no se acordaron de pedirla hasta el 16 de junio de exactamente el mismo día que se recepcionó provisionalmente el contrato. Y son tan chapuceros que tuvieron que requerirles a esta delegación de Gobierno la actualización del informe técnico, un informe preceptivo que debe ir firmado por un técnico competente, y ustedes lo único que hicieron fue coger el de 2023, cambiarle la fecha y absolutamente nada más, y hacérselo firmar al jefe de la Policía Local. Y después tuvieron que ir a por la firma, efectivamente, de un ingeniero y el visado del Colegio de Ingenieros. Pero mire, lo más grave de todo esto no es la chapuza que fue todo este proceso, lo más grave es faltar a la verdad, lo más grave es la mentira. Y usted mintió, y uno puede mentir por lo que dice y también por lo que calla o lo que oculta. Y usted mintió, mintió durante todo el verano cuando les dio a los vecinos y vecinas de la zona rural una falsa sensación de seguridad diciéndoles que las cámaras estaban instaladas y funcionando adecuadamente. Mintió en noviembre cuando le preguntamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana por el funcionamiento de las cámaras y usted alabó el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad. Mintió porque en ambos casos ocultó que las cámaras no estaban autorizadas, que las cámaras estaban funcionando sin cumplir la ley. Y esto tiene unas consecuencias, y unas consecuencias que pueden llegar a ser muy graves, porque si las cámaras estuvieron grabando sin autorización, uno, constituyen una prueba ilegal, no pueden ser utilizadas esas grabaciones como prueba y puede ser anulado cualquier procedimiento penal incoado para perseguir los delitos cometidos, y dos, el ayuntamiento puede ser gravemente sancionado por la Agencia Estatal de Protección de Datos. De datos. Hay más de una y más de dos ciudades sancionadas y más de una y más de dos empresas o entidades sancionadas, en algunos casos con hasta 600.000 euros. Por eso, señora Bravo, le pedimos explicaciones. Le preguntamos si realmente las cámaras estuvieron grabando y desde cuándo. Si las cámaras grabaron sin autorización, ya nos dijo en la Comisión que sí, ¿cuándo empezaron esas grabaciones? ¿Por qué se estuvieron realizando grabaciones ilegales durante meses? Y, sobre todo, ¿quién asumirá las consecuencias de lo que no puede calificarse más que de auténtica irresponsabilidad?
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22 días
tramitación del expediente en 2023
cifra mencionada por la concejala de Seguridad
Fuente
Nuria Bravo Bretones Foro 2:57:29 Con las prisas, presentaron ustedes en ese momento una memoria muy básica, es decir, un proyecto técnico con las ubicaciones y un tratamiento de protección de datos claramente pobre, poco trabajado y de dudosa legalidad. Es curioso si tenemos en cuenta que para paralizar las cámaras personales de los agentes y para paralizar los drones, sin embargo, sí se esforzaron en informes hasta bloquearlos de forma ilegal. Una vez solicitada la autorización para la instalación, en solo 22 días el expediente se pasa a la Comisión de Videovigilancia, el 10 de mayo de 2023. Es decir, la solicitud, junto con un estudio de los delitos de los últimos años que la avalan, solo tarda 22 días en ser estudiada por delegación de Gobierno y darle paso a dicha comisión. Insisto, esa celeridad repentina a las puertas de las elecciones. El 18 de mayo de 2023 se autoriza la instalación por un año hasta el 18 de mayo de 2024. Autorización exprés. Tan solo pasan 30 días desde que la solicitud sale del ayuntamiento hasta que se le da permiso. Y a partir de ahí empieza el mandato del Gobierno actual y empieza el trabajo de verdad: más interés, más inversión, ya que la del Gobierno del PSOE era insuficiente, por mucho que usted insista, y un expediente complejo y largo, pero técnicamente sólido y muy complejo, repito. El 13 de mayo de 2024, efectivamente, solicitamos a la delegación de Gobierno la renovación de la autorización, que recordamos nos caducaba el 18 de mayo.
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18 de mayo de 2023
autorización de instalación anterior
cifra mencionada por la concejala de Seguridad
Fuente
Nuria Bravo Bretones Foro 2:57:29 Con las prisas, presentaron ustedes en ese momento una memoria muy básica, es decir, un proyecto técnico con las ubicaciones y un tratamiento de protección de datos claramente pobre, poco trabajado y de dudosa legalidad. Es curioso si tenemos en cuenta que para paralizar las cámaras personales de los agentes y para paralizar los drones, sin embargo, sí se esforzaron en informes hasta bloquearlos de forma ilegal. Una vez solicitada la autorización para la instalación, en solo 22 días el expediente se pasa a la Comisión de Videovigilancia, el 10 de mayo de 2023. Es decir, la solicitud, junto con un estudio de los delitos de los últimos años que la avalan, solo tarda 22 días en ser estudiada por delegación de Gobierno y darle paso a dicha comisión. Insisto, esa celeridad repentina a las puertas de las elecciones. El 18 de mayo de 2023 se autoriza la instalación por un año hasta el 18 de mayo de 2024. Autorización exprés. Tan solo pasan 30 días desde que la solicitud sale del ayuntamiento hasta que se le da permiso. Y a partir de ahí empieza el mandato del Gobierno actual y empieza el trabajo de verdad: más interés, más inversión, ya que la del Gobierno del PSOE era insuficiente, por mucho que usted insista, y un expediente complejo y largo, pero técnicamente sólido y muy complejo, repito. El 13 de mayo de 2024, efectivamente, solicitamos a la delegación de Gobierno la renovación de la autorización, que recordamos nos caducaba el 18 de mayo.
Ver los 8 datos
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157 días
tramitación del expediente en 2025
Fuente
Nuria Bravo Bretones Foro 3:00:00 En este punto me gustaría destacar una cuestión muy relevante, que durante todo ese periodo las cámaras funcionaban en modo de prueba, pero funcionaban. No se descargaban imágenes ni se manipulaban grabaciones, pero sí se podían utilizar en casos de delito grave, cuando el interés colectivo prevalece, y advirtiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que estaba en modo prueba. Y aquí viene lo más grave: desde el 15 de junio hasta el 19 de noviembre, la delegación de Gobierno retiene el expediente, no lo remite a la Comisión de Videovigilancia, todo ello pese a que contenía las mismas ubicaciones que el expediente anterior, una mejor protección de datos, y pese a que en Gijón estaba teniendo lugar una oleada de robos en nuestras parroquias. Es decir, el mismo proceso administrativo que en mayo del 23 a las puertas de unas elecciones tardó solo 22 días, con un estudio inicial incluido, en el 25 tarda 157 días, 7 veces más.
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3 de diciembre
llegada de la autorización
Fuente
Nuria Bravo Bretones Foro 3:00:53 Finalmente, la autorización, la autorización para la instalación llega el 3 de diciembre.
Qué se comunica
Respuesta del Gobierno
Posiciones
Resultado
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Debate
Sin votación
El punto se tramitó como comparecencia con los tiempos acordados por la Junta de Portavoces y concluyó con la intervención de cierre de la concejala; no consta votación ni acuerdo en la transcripción.
Ver evidencia (3)
Secretaría 2:48:42 Los tiempos acordados por la Junta de Portavoces en relación con la comparecencia son 6 minutos el autor, 6 el Gobierno, 3 por grupo, 4 el autor y 4, decía, el Gobierno.
Carmen Moriyón Entrialgo (Presidencia) Foro 3:15:19 Gracias, gracias. Señora Bravo, puede concluir.
Nuria Bravo Bretones Foro 3:18:34 Y en concreto dice que el concejal de Ciudad Ciudadana facilite información a un concejal de la oposición, no le autoriza a divulgarla públicamente. Esa información se entrega para el ejercicio del control, no para su uso partidista y mediático, como usted ha intentado hacer. Y yo creo, señora concejala, que eso sí que es grave. Y muchas gracias.
Debate
De conformidad con lo previsto en el capítulo segundo del Reglamento Orgánico del Pleno, se tramita la comparecencia ante el Pleno de la concejala Nuria Bravo, a petición del Grupo Municipal Socialista. Socialista, con el siguiente tenor literal, concretamente de la portavoz del grupo, doña Carmen Eva Pérez Ordíñez: ¿En qué fecha se pusieron en funcionamiento las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona rural? ¿Por qué razón no se solicitó la preceptiva autorización a la Delegación de Gobierno hasta el 16 de junio del 2025? ¿Qué consecuencias puede tener el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia sin autorización previa?
Los tiempos acordados por la Junta de Portavoces en relación con la comparecencia son 6 minutos el autor, 6 el Gobierno, 3 por grupo, 4 el autor y 4, decía, el Gobierno.
Pues muchas gracias, señora secretaria, y le damos la palabra a la señora Pineda.
Gracias, alcaldesa, y buenos días a todos. En 2022, tras una oleada de robos en viviendas, fundamentalmente en la zona periurbana del este del concejo, el ayuntamiento tomó la decisión de instalar un sistema de videovigilancia. Esto respondió a una petición vecinal, a una petición expresa de los vecinos y vecinas de las zonas rurales, pero además contó con el apoyo y el consenso de todos los grupos políticos. Grupos municipales que entonces componían la corporación. El proceso para instalar un sistema de videovigilancia es complejo, somos muy conscientes de ello. Hay que pasar el filtro de una comisión de valoración, de la Comisión de Videovigilancia de Asturias, compuesta por 5 miembros y que, además, no concede fácilmente su visto bueno a estos sistemas. De hecho, en el caso de Gijón, de esos 5 miembros, 2 de ellos, concretamente los pertenecientes a órganos jurisdiccionales, votan en contra, y lo hacen porque hay que tener en cuenta que un sistema de videovigilancia supone una intromisión en la intimidad de las personas, en la intimidad de los vecinos y vecinas que, lógicamente, sin cometer ningún tipo de irregularidad o hecho delictivo, se ven sometidos a una grabación en su vida diaria. Bien, pese a esto, después de realizar estudios, informes y aportar toda la documentación necesaria, en mayo de 2023 se contó con la autorización de la delegación de Gobierno. Llega el nuevo mandato, este mandato en el que ustedes conforman el Gobierno municipal, y cuando llegaron al Gobierno municipal se encontraron con dos cosas: uno, la autorización para instalar el sistema, y dos, el presupuesto necesario para licitar la instalación de las cámaras de seguridad, una licitación que debía hacerse de inmediato, porque el plazo para tener instaladas y funcionando esas cámaras de seguridad desde la obtención de la autorización es de un año. Para renovarla ya tienen que estar funcionando. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, sinceramente. Durante 2023, nada, en blanco. De hecho, en diciembre de 2023 se hace una retención de crédito para garantizar que ese presupuesto que estaba consignado pueda incorporarse al año siguiente como remanente afectado. Llegó marzo y en marzo de 2024 ustedes solicitan la renovación de la autorización, a pesar de que ni siquiera habían empezado la licitación. La solicitan y, lógicamente, se inadmite por la delegación de Gobierno, que ya les indica lo que tienen que hacer, que es iniciar un nuevo proceso con una nueva solicitud. En abril de 2024 inician el procedimiento de contratación, un procedimiento que no puede más que calificarse de auténtica chapuza. Y que es una auténtica chapuza lo prueba el hecho de que hay 8, nada más y nada menos que 8 propuestas de contratación anuladas por distintos motivos: por informes del servicio jurídico, por fiscalizaciones desfavorables, incluso por un recurso que obligó a retrotraer todas las actuaciones. El 31 de julio de 2024 llegó la novena propuesta, que parece que fue la buena, después de un informe de la Policía Local advirtiendo de la urgencia de licitar este contrato. Y mientras tanto, siguen sin solicitar autorización, la preceptiva autorización a la delegación de Gobierno. En marzo de 2025 empezó la instalación de las cámaras de seguridad y también empezó su particular campaña, a la que ya nos tienen habituados, de propaganda de publicidad española. Y usted, señora Bravo, se fotografiaba con un grupo de vecinos de la zona rural a los que les decía: Gijón ya cuenta con sus primeras cámaras, y alababa la mejora que suponía la instalación de este sistema.
Pero no se seguía sin solicitarse la autorización. ¿Qué pasó con esa autorización? Pues que no se acordaron de pedirla hasta el 16 de junio de exactamente el mismo día que se recepcionó provisionalmente el contrato. Y son tan chapuceros que tuvieron que requerirles a esta delegación de Gobierno la actualización del informe técnico, un informe preceptivo que debe ir firmado por un técnico competente, y ustedes lo único que hicieron fue coger el de 2023, cambiarle la fecha y absolutamente nada más, y hacérselo firmar al jefe de la Policía Local. Y después tuvieron que ir a por la firma, efectivamente, de un ingeniero y el visado del Colegio de Ingenieros. Pero mire, lo más grave de todo esto no es la chapuza que fue todo este proceso, lo más grave es faltar a la verdad, lo más grave es la mentira. Y usted mintió, y uno puede mentir por lo que dice y también por lo que calla o lo que oculta. Y usted mintió, mintió durante todo el verano cuando les dio a los vecinos y vecinas de la zona rural una falsa sensación de seguridad diciéndoles que las cámaras estaban instaladas y funcionando adecuadamente. Mintió en noviembre cuando le preguntamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana por el funcionamiento de las cámaras y usted alabó el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad. Mintió porque en ambos casos ocultó que las cámaras no estaban autorizadas, que las cámaras estaban funcionando sin cumplir la ley. Y esto tiene unas consecuencias, y unas consecuencias que pueden llegar a ser muy graves, porque si las cámaras estuvieron grabando sin autorización, uno, constituyen una prueba ilegal, no pueden ser utilizadas esas grabaciones como prueba y puede ser anulado cualquier procedimiento penal incoado para perseguir los delitos cometidos, y dos, el ayuntamiento puede ser gravemente sancionado por la Agencia Estatal de Protección de Datos. De datos. Hay más de una y más de dos ciudades sancionadas y más de una y más de dos empresas o entidades sancionadas, en algunos casos con hasta 600.000 euros. Por eso, señora Bravo, le pedimos explicaciones. Le preguntamos si realmente las cámaras estuvieron grabando y desde cuándo. Si las cámaras grabaron sin autorización, ya nos dijo en la Comisión que sí, ¿cuándo empezaron esas grabaciones? ¿Por qué se estuvieron realizando grabaciones ilegales durante meses? Y, sobre todo, ¿quién asumirá las consecuencias de lo que no puede calificarse más que de auténtica irresponsabilidad?
Gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes a todos.
Señora Pineda, este Pleno es una vez más testigo de hasta qué punto están ustedes instalados en la crítica fácil, destructiva y vacía de contenido, la crítica que, permítame decírselo así, roza ya lo ridículo.
Y nada de esto sería preocupante si no estuviéramos hablando de algo tan serio como la seguridad de los gijoneses, algo que, a la vista de sus intervenciones y de su trabajo, a mí me parece que le importa realmente poco. En primer lugar, porque su promesa de instalación de las cámaras en 2023 efectivamente tenía toda la pinta de acabar siendo otro fiasco electoral, 2 años perdidos dando vueltas absurdas a los vecinos y un proyecto presentado deprisa y corriendo en abril de 2023. Un presupuesto claramente insuficiente, aunque usted se empeñe en decir que tenían el dinero consignado, y una autorización obtenida en tiempo récord, casualmente días antes de las elecciones, para poder venderlo bien. Ejecutarlo, bueno, ya era otro cantar. El problema de los todólogos como usted, señora Pineda, es que aparentan saber de todo, pero se equivocan constantemente, y este caso no es una excepción. En primer lugar, se equivoca en la base de lo que critica. En ningún momento este Gobierno habló de solicitudes de permiso para puesta en funcionamiento de las cámaras, No lo hicimos porque —y eso es algo que usted debería ya saber— las solicitudes son para la instalación y no para la puesta en funcionamiento.
Digo que es algo que usted debería saber porque es la misma autorización que ustedes pidieron. Ahora vamos con los hechos, aunque sea un poco aburrido.
El 18 de abril de 2023, su Gobierno del PSOE solicita a la Delegación de Gobierno la autorización para la instalación de las cámaras. Lo hicieron a las puertas de las elecciones. Y después de que los vecinos llevaran más de 2 años reclamándola.
Con las prisas, presentaron ustedes en ese momento una memoria muy básica, es decir, un proyecto técnico con las ubicaciones y un tratamiento de protección de datos claramente pobre, poco trabajado y de dudosa legalidad. Es curioso si tenemos en cuenta que para paralizar las cámaras personales de los agentes y para paralizar los drones, sin embargo, sí se esforzaron en informes hasta bloquearlos de forma ilegal. Una vez solicitada la autorización para la instalación, en solo 22 días el expediente se pasa a la Comisión de Videovigilancia, el 10 de mayo de 2023. Es decir, la solicitud, junto con un estudio de los delitos de los últimos años que la avalan, solo tarda 22 días en ser estudiada por delegación de Gobierno y darle paso a dicha comisión. Insisto, esa celeridad repentina a las puertas de las elecciones. El 18 de mayo de 2023 se autoriza la instalación por un año hasta el 18 de mayo de 2024. Autorización exprés. Tan solo pasan 30 días desde que la solicitud sale del ayuntamiento hasta que se le da permiso. Y a partir de ahí empieza el mandato del Gobierno actual y empieza el trabajo de verdad: más interés, más inversión, ya que la del Gobierno del PSOE era insuficiente, por mucho que usted insista, y un expediente complejo y largo, pero técnicamente sólido y muy complejo, repito. El 13 de mayo de 2024, efectivamente, solicitamos a la delegación de Gobierno la renovación de la autorización, que recordamos nos caducaba el 18 de mayo.
Una vez finalizado el plazo de un año, mismo proyecto, mismas ubicaciones, pero se nos responde que no procede la autorización del permiso para su instalación porque las cámaras aún no estaban instaladas.
Un auténtico osimorón. No se autoriza a instalar porque no están instaladas. Fíjese que lo que valía en el 23 ya no sirve en el 24 y se nos insta a pedir autorización cuando ya están instaladas, cuando ya estén instaladas y con evidencias claras de su funcionamiento.
Concluido el proceso de licitación, la recepción provisional se hizo efectivamente en junio de 2025, aunque las cámaras ya llevaban 2 meses empezando a funcionar a medida que se instalaban en modo de prueba, totalmente operativas, pero con las limitaciones que la ley exige. Las cámaras visualizaban y las mantuvimos encendidas para asegurar su funcionamiento a la espera de que la autorización se concediera. Les recuerdo que necesitábamos una evidencia clara de que funcionaban. Autorización, como era evidente suponer, en vista de las excusas expuestas en el primer intento, sería concedida nada más ser solicitada, con lo cual el 16 de junio de 2025 solicitamos autorización de instalación y de mantenimiento en las mismas ubicaciones, con una memoria de protección de datos rigurosa, detallada y acorde al protocolo.
En este punto me gustaría destacar una cuestión muy relevante, que durante todo ese periodo las cámaras funcionaban en modo de prueba, pero funcionaban. No se descargaban imágenes ni se manipulaban grabaciones, pero sí se podían utilizar en casos de delito grave, cuando el interés colectivo prevalece, y advirtiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que estaba en modo prueba. Y aquí viene lo más grave: desde el 15 de junio hasta el 19 de noviembre, la delegación de Gobierno retiene el expediente, no lo remite a la Comisión de Videovigilancia, todo ello pese a que contenía las mismas ubicaciones que el expediente anterior, una mejor protección de datos, y pese a que en Gijón estaba teniendo lugar una oleada de robos en nuestras parroquias. Es decir, el mismo proceso administrativo que en mayo del 23 a las puertas de unas elecciones tardó solo 22 días, con un estudio inicial incluido, en el 25 tarda 157 días, 7 veces más.
Finalmente, la autorización, la autorización para la instalación llega el 3 de diciembre.
Lo que antes de unas elecciones tardaba un mes Ahora tarda 6 meses.
Cabe, por tanto, pensar que cuando al PSOE le interesa, la tramitación es ágil, y cuando al PSOE no, la burocracia se alarga. Cabe, por tanto, pensar que es todo una cuestión de voluntad política, y si lo es, cabe pensar que lo que le estaba sucediendo a los vecinos de la zona rural les importaba entre poco y nada.
Y luego hablan de seguridad. No les importan los robos, no les importan los vecinos, no les importa Gijón. Y ahora viene la señora Pineda, que en voluntad política también es una experta, a decir que las cámaras son ilegales, que no hay autorización para la puesta en funcionamiento. Pero, señora Pineda, permítame de nuevo que le diga, con toda la humildad y el respeto, que no tiene usted ni idea de lo que está hablando.
El permiso que usted menciona no existe. Nadie, ni ustedes tampoco, lo han pedido jamás. El permiso es para instalación y se concedió cuando las cámaras ya estaban instaladas y funcionando, tal y como nos exigió Exigió delegación de Gobierno. Cumplimos lo que pedían, nada más y nada menos. Así que, una vez hecha esta cronología, dígame exactamente qué hay de ilegal en todo eso. Pues se lo avanzo yo, no hay nada de ilegal.
Muchas gracias. Gracias.
Pues ahora es el turno de la señora Suárez Hernández.
Sí, gracias, alcaldesa. La verdad es que yo no entiendo nada. O sea, no entiendo el nivel de contradicción que hay al revisar los mismos expedientes. Por parte del Gobierno y, en este caso, del Partido Socialista, que pide la comparecencia. No entiendo tampoco esa respuesta de delegación de Gobierno cuando se supone que las cámaras tienen que, o sea, necesitan un permiso para poder ser instaladas. Lo que no entiendo es que haya una inversión municipal de cientos de miles de euros para poder hacer esa instalación y que la autorización llegue después. Desconozco las razones de delegación de Gobierno, pero desde luego, esto se instalaron en junio, estaban instaladas y la autorización no llegó hasta diciembre. Lo que sí me preocupa es que entiendo que dan por hecho ya que no se van a poder utilizar esas grabaciones para absolutamente nada, porque decían que eran de prueba. Evidentemente, no se pueden utilizar sin una autorización expresa, cosa que además es bastante preocupante, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a decir que no? Cuando 2 de 5 miembros de la Comisión votaron en contra de esta autorización, yo me pregunto qué hubiera pasado después de gastar todo ese dinero y haber instalado las cámaras. Desde la Comisión, que evidentemente es de expertos y sabrá el porqué de estos votos, particulares, hubiera dicho que no. Más allá de que eso constituye pruebas ilegales y que no sé si esto es objeto o no de algún tipo de sanción por haberlas puesto en funcionamiento antes de la autorización, porque tampoco sé si a nivel de prueba o con qué limitaciones es legítimo ponerse a grabar a la ciudadanía de Gijón sin la autorización correspondiente, sí hay un hecho cierto, que es que en marzo este Gobierno estaba presumiendo de que estaban instaladas y en funcionamiento. Y tiene noticias, no solo en la prensa, sino en la propia página web de Foro Asturias, presumiendo de que esto estaba ya en marcha y que los vecinos del este podían estar tranquilos ante las olas de robos. Hombre, no, porque no estaban funcionando. Por lo menos eso es lo que ha dicho usted aquí. Y además, que hasta diciembre esas pruebas no valdrían de absolutamente nada. Entonces, creo que si no parece que se haya incurrido en ninguna ilegalidad, desde luego lo que ha ocurrido es un engaño a la ciudadanía. Porque se ha dado una imagen de falsa seguridad que no correspondía con la realidad. En marzo, además, empezaron a instalar, porque se terminaron de instalar, bueno, la recepción provisional fue el 16 de junio, el acta se firmó después, pero en agosto, pero en junio fue cuando fueron instaladas las cámaras. Por lo tanto, yo en marzo no sé exactamente de qué se estaba presumiendo, porque pasó todo el verano sin que estas cámaras de verdad estuvieran funcionando. Por lo tanto, también me gustaría saber en qué se basaron para hacer esos anuncios a la ciudadanía, más allá, repito, de que hayan incurrido en ilegalidades o no, las sanciones correspondan o no por parte de la autoridad competente. Pero desde luego aquí se ha faltado a la verdad durante meses y también creo que ha habido falta de transparencia con este asunto en las comisiones de Seguridad Ciudadana, intentando tirar balones fuera, porque esto también se puede haber explicado ahí y creo que nos podríamos haber ahorrado la comparecencia. Gracias.
Muchas gracias, alcaldesa. Voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer las explicaciones a la señora Bravo.
Yo llegué a este Pleno con una incertidumbre, que es qué había ocurrido esos 9 meses, si los ciudadanos habían sido engañados o si se estaba grabando ilegalmente. Y para ser franco, y quizás sea que yo soy muy obtuso, después tanto de la intervención de la concejala socialista como de la suya, Sigo teniendo esa duda, porque el concepto funcionamiento a modo de prueba es lo que me genera dudas, y espero que en su segunda intervención me lo pueda aclarar. Cuando dice usted que está funcionando a modo de pruebas, entiendo que lo que de ahí se obtuviese tendría valor en un juicio, en caso de que sirviese para algo, ¿o no? Y de no ser así, sí que considero, y creo que hizo ya referencia la señora Suárez a ello, que los vecinos habrían sido engañados, porque en marzo lo que el Gobierno transmitió es que ya estaban siendo protegidos por esas cámaras de vigilancia. Insisto en que tengo muchas dudas y también creo que quizá esto no tendría que haber llegado a un Pleno si en las comisiones pertinentes se hubiese trabajado y se hubiesen dado las explicaciones oportunas de forma pertinente. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Álvarez Ruc.
Gracias de nuevo. Buenos días. No vamos a repasar las fechas, señora Pineda, porque ya lo hizo usted y la señora Bravo, pero vaya ensalada que tenemos y vaya contradicciones, porque al final no nos enteramos. Mire, volvemos, pero también le tengo que decir que volvemos a la eterna incongruencia de su partido, que tiene pues pocos principios, y le digo por qué. Para convocar esta comparecencia a la concejal de Seguridad Ciudadana, cuando fueron ustedes mismos quienes hicieron oídos sordos a las instalaciones de las cámaras por parte de los vecinos de la zona rural. Y estoy hablando ya del año 2022, ¿se acuerda? Y no cabe duda que esta instalación no estaría siendo tan cuestionada si ya se hubiese llevado a efecto previamente por algunos de los equipos de Gobierno socialista que estuvieron al frente del Ayuntamiento. Pero no, como ellos no lo hicieron, ahora ustedes se permiten el lujo de poner en tela de juicio a quien sí lo ha hecho. Que no vamos a contradecir sus palabras, pero tampoco le vemos que afine mucho. Mire, y conste que todo lo anterior no excusa a la concejalía de su falta, por ejemplo, de diligencia en la puesta en funcionamiento de estos equipos de vigilancia. Todo el mundo sabe, y especialmente los vecinos de la zona rural, de la falta de diligencia que es así acumulada hasta que las cámaras entraron en funcionamiento. Nosotros ya lo trajimos aquí al Pleno. Pero fíjese, nos entra una duda, una duda en cuanto a la solicitud de autorización. Esta se presenta el 16 de junio. ¿Por qué se tardó casi 6 meses, hasta el 30 de diciembre del 2025, en concederse la autorización por parte de la Delegación de Gobierno? ¿Usted lo sabe? Vale, pues si eso, después nos lo explica. Mire, ya en mayo del 2023, la señora Carmen Morillón decía La inacción del Gobierno respecto a los robos en la zona rural demuestra una vez más que para el Partido Socialista se trata de una zona de segunda, ya en el año 2023, en mayo. Por tanto, ¿qué piden los vecinos? Mire, echamos de menos una mayor conexión con el Ayuntamiento. Pues señora Bravo, ya sabe lo que hay que hacer. Las comunicaciones tienen que ser más fluidas. Mayor presencia policial. Indignación, indefensión, preocupación. Pues bueno, Ustedes que gobiernan, señora Bravo, acaben ya con este problema tan importante y de seguridad para los vecinos. Gracias.
Gracias, señora Álvarez Rouco. Tiene la palabra la señora Pineda. Gracias, alcaldesa.
Mire, señora Bravo, hace un rato decía la alcaldesa que la primera obligación de los concejales que conforman y concejalas que conforman el Gobierno municipal es cumplir la ley. Pues aquí no se ha cumplido la ley, alcaldesa. Lo siento mucho, pero no se ha cumplido. Y mire, señora Bravo, yo le recomiendo que se lea la Ley Orgánica de Videovigilancia, que es la que regula toda esta cuestión, y su reglamento, que son los que regulan toda esta cuestión y la que regulan cuál es el procedimiento. No me sorprende nada su intervención, como siempre, echando balones fuera, la culpa es de cualquiera menos suya y lo que ustedes hacen está todo bien. Pero lo que nos ha respondido, eso sí que es absurdo, y es no tener ni idea, porque miren, el proceso de autorización de las cámaras de videovigilancia funciona de la siguiente manera: se solicita la autorización para la instalación de las cámaras, efectivamente, y se solicita antes de empezar la contratación de la instalación, y cuando uno tiene la autorización instala las cámaras. No puede tenerlas instaladas si no tiene esa autorización. Y al año, Anualmente se renueva y para la renovación se exige que las cámaras estén funcionando. Por esa razón, porque lo dice la ley, no porque se lo haya puesto en el moño la delegada del Gobierno, cuando ustedes presentaron una solicitud de renovación se inadmite a trámite. Se inadmite porque se dice: oigan, es que no cumplen ustedes con el primer requisito para la renovación, insisto, No para la instalación, para la renovación, que es que las cámaras estén instaladas y funcionando. Autorización previa para instalarlas, autorización una vez instaladas y funcionando para la renovación. Y mire, sí, efectivamente, en mayo del 23 la autorización fue rápida. ¿Por qué? Porque hubo un concejal de Seguridad Ciudadana que se pasó un año pendiente de este tema, que se reunió todas las veces que fue necesario con los técnicos de Delegación de Gobierno, que encargó los estudios necesarios, porque era la primera vez que se instalaba un sistema de este tipo en Gijón y hubo que realizar estudios, hubo que realizar informes. ¿Y por qué tarda, en su caso, 157 días? Bueno, pues en primer lugar, porque hubo que hacer un requerimiento al ayuntamiento porque no aportó el informe técnico. Por cierto, un informe técnico que usted critica, pero que es exactamente el mismo que ustedes presentan. Porque lo único que hacen es cambiarle la fecha. De hecho, el requerimiento de delegación de Gobierno lo que les dice es: oigan, es que no han actualizado el informe técnico y ustedes lo único que hicieron fue cambiarle la fecha y firmarlo por quien no es un técnico autorizado, un técnico competente.
No, no hay ninguna retención del expediente por la delegación de Gobierno, no hay ninguna conspiración del Partido Socialista a todos los niveles para retrasarle su expediente. Yo invito a cualquier concejal y concejala de esta corporación a que pidieran acceso al expediente, igual que lo pedí yo, y verán 8 inicios de proceso de contratación anulados, anulados porque no eran capaces. Hasta que no llegó el noveno, no se publicó realmente la licitación, no empezó la licitación. Fue de verdad, el procedimiento más chapucero que yo haya visto. Insisto, las cámaras —acaba de reconocerlo la señora Bravo— se instalaron sin haber solicitado esa autorización, que tiene que solicitarse antes de instalarlas, antes, porque empezaban de nuevo, empezaban de cero porque se les pasó el plazo. Antes de instalarlas tenían que tener la autorización. Y miren, la ley y sus reglamentos no hablan de grabaciones de prueba, no. Dicen: oigan, antes de instalarlas tienen que tener la autorización. Ustedes no solamente no la tuvieron, es que las instalaron y la autorización la pidieron cuando ya estaban instaladas y las pusieron a grabar. Está diciendo que desde marzo se iban instalando y se ponían a grabar. Pues mire, con eso está usted incumpliendo la ley y está exponiendo a este Ayuntamiento a una sanción gravísima, a una sanción gravísima por parte de la Agencia de Protección de Datos. Y mire, no nos sorprende porque es su tónica habitual. Mucha propaganda, pero al final nada. Inauguran un edificio de la comisaría local con muchísimos defectos para la seguridad de sus trabajadores, están eliminando progresivamente la policía de barrio, quitan policías de la calle para crear un servicio de escoltas para la alcaldesa. Bueno, dicen que es para todos, pero yo no he visto a ningún otro concejal o concejala, mucho menos al personal de los grupos, llevar escolta. Incrementaron el número de policías en tareas administrativas, han congelado la plantilla Miro para el señor Martínez Salvador, porque en el debate del municipio decía que creció. No, no es cierto, se ha congelado, no se aprovechan las sobretasas de reposición.
Y mire, hasta los repartidores de Amazon lo primero que se dicen es que en Gijón no hay ningún problema porque pueden dejar su vehículo tirado donde quieran. En otros municipios no, en otros municipios tienen que buscar zonas de carga y descarga. Aquí, una persona que entra a trabajar a repartir en Amazon, lo primero que le dicen sus compañeros es: Es bueno, en Fijo no tienes problema, que dejas el coche encima de cualquier acera y allí no te ponen multas. Esa es su gestión al frente de la Policía Local. Señora Bravo.
Perdón, antes de darle el turno para el cierre a la concejala, o sea, si no lo entendí mal, ¿está acusando a este Gobierno de haber cometido un delito?
Pues matíceme, por favor. No, alcaldesa, no, alcaldesa.
Cuando digo que se incumple la ley, no digo que se esté cometiendo un delito. La ley se puede incumplir, hay muchas leyes que se pueden incumplir sin necesidad de incurrir en un delito. Habrá sanciones administrativas, si las hay, o, efectivamente, una derivación de responsabilidad al Tribunal de Cuentas, pero, desde luego, no estamos acusando a nadie de cometer ningún delito. Estamos diciendo que la ley exige tener una autorización antes de instalar las cámaras Y ustedes empezaron a grabar sin haber pedido siquiera la autorización para instalarlas. Bueno, eso suena a cometer un delito. No, eso suena a cometer una irregularidad administrativa, alcaldesa. Bueno. A incumplir una norma que exige unos requisitos. Eso no tiene por qué ser un delito.
Bien, bien, me alegro de que lo matice.
Los delitos tienen que estar tipificados expresamente en el Código Penal.
Sí, me tranquiliza que usted, con sus conocimientos de derecho, me lo matice.
Hombre, doy por hecho, doy por hecho que esto... Que fue una cuestión de desconocimiento, que no—.
Gracias, gracias. Señora Bravo, puede concluir.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, me ha llamado mentirosa, poco menos que delincuente, y en algunas notas de prensa, incluso cobarde.
Bueno, decía Sócrates que cuando el debate se pierde, el insulto se convierte en el arma del perdedor. Tomo la palabra por respeto a esta sala, pero creo honestamente que con la primera intervención hubiera sido suficiente. Para dejarlo todo claro.
Muchas gracias, señora Pineda, por iluminarme cómo hacer mi trabajo, pero no tiene razón y debería usted investigar un poco cuál es el proceso de instalación de cámaras. Lo que usted dice sería lo ideal, pero la realidad es que no es así. Señora Suárez, yo tampoco entiendo el proceso. Pero es así, primero se instalan y luego se pide la autorización. Y lo hacemos en el ayuntamiento tal como se viene haciendo en todos los polígonos industriales y en todas partes que han solicitado cámaras de videovigilancia. Yo tampoco entiendo por qué es así, pero es así. De hecho, hay muchos polígonos industriales que pierden ayudas y subvenciones por este motivo. O sea que eso por una parte. En modo de prueba significa que están totalmente operativas, pero con las limitaciones que la ley exige. No podíamos manipular las imágenes, pero operativas estaban. Y otra cosa que tengo que concretar: las cámaras de videovigilancia son un elemento esencial y eficaz demostrado a lo largo del tiempo en todos los escenarios. Son un sistema de seguridad pasivo, es decir, su función principal es la prevención, ya que no actúan directamente para detener amenazas, sino para minimizar sus consecuencias.
Ya solo el hecho de que estén instaladas hace su función de prevención por sí misma y la sensación de seguridad de los vecinos es real.
Quiero incidir y dejar bien claro este punto, que las cámaras estuvieron operativas a la espera de un permiso administrativo de delegación de Gobierno, que se suponía rápido y sencillo y que se demoró 6 meses. Vuelvo a insistir, lo que hicieron ustedes en un mes, en el 23, y no me cuente historias de mi antecesor, que sé perfectamente lo que hizo y lo que no hizo, a nosotros nos ha llevado 6 meses. Y me está diciendo que no hay conspiración, igual que no la hay con el puerto, ¿no? La misma, la misma falta de conspiración, vale. No hay nada de ilegal en este proceso, pero les molesta que haya sido este equipo de Gobierno el que las haya instalado, les molesta que una vez más sea este equipo de Gobierno el que mire por la seguridad de la ciudad.
Porque mire, señora Pineda, de todos los que hoy estamos aquí en esta sala, la única que ha actuado en contra de la ley ha sido usted.
Sí, y no me mire así. Ha incumplido el deber de sigilo, porque este deber afecta a todos los concejales cuando acceden a la información sensible o clasificada que afecta a la seguridad ciudadana, a dispositivos, a actuaciones o a datos protegidos. Sí, señora, hay información que usted ha difundido en rueda de prensa que lo incumple claramente. No es una opinión mía, como usted ha dicho antes, lo dice la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Y en concreto dice que el concejal de Ciudad Ciudadana facilite información a un concejal de la oposición, no le autoriza a divulgarla públicamente. Esa información se entrega para el ejercicio del control, no para su uso partidista y mediático, como usted ha intentado hacer. Y yo creo, señora concejala, que eso sí que es grave. Y muchas gracias.